Más de 600 desahucios en Mallorca ejecutados en 2025
Más de 600 familias fueron desahuciadas en Mallorca durante 2025. Palma concentra la mayoría de los casos, mientras la opacidad de los grandes tenedores complica la crisis habitacional en la isla.
La emergencia habitacional en Mallorca ha alcanzado niveles críticos, consolidándose como uno de los problemas sociales más graves de la isla. Según los datos difundidos por la cuenta @capdefavaamborelles, el pasado 2025 se ejecutaron un total de 634 lanzamientos judiciales en Mallorca, dejando a cientos de familias en una situación de extrema vulnerabilidad ante la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible.
El desglose territorial revela que Palma es la zona más castigada, acumulando 402 de estos procedimientos. Le siguen de cerca los partidos judiciales de Inca, con 150 casos, y Manacor, con 82. Si tomamos como referencia la media de 2,65 personas por hogar que establece el Instituto Nacional de Estadística (INE) para las Baleares, el impacto directo de estos desahucios habría afectado a cerca de 1.680 ciudadanos en un solo año, una cifra que evidencia la fragilidad de los residentes frente a un mercado marcado por precios inasumibles y una oferta residencial bajo mínimos.
Más allá de los desahucios, el foco se sitúa en la concentración de la propiedad. Un análisis de la organización Civio sobre el registro de fianzas posiciona al fondo Blackstone como el mayor casero privado del archipiélago, con 961 viviendas bajo su control. Le siguen entidades como CaixaBank, con 558 inmuebles, y Cerberus, con 197. No obstante, los expertos advierten que estas cifras son solo la punta del iceberg, ya que solo contabilizan los contratos con fianza depositada, dejando fuera gran parte de la realidad del mercado inmobiliario balear.
Esta falta de transparencia es una de las quejas recurrentes de los colectivos sociales, que denuncian la opacidad del sector. Según estas fuentes, es imposible conocer a nivel público el volumen real de patrimonio en manos de grandes fondos y entidades, por lo que sospechan que el número de personas afectadas por esta crisis es, en la práctica, muy superior a lo que recogen los registros oficiales.
El debate sobre cómo paliar esta situación está más vivo que nunca. Mientras el parque total de viviendas en las islas roza las 575.000 unidades, la ciudadanía se divide entre quienes señalan la responsabilidad directa de los grandes tenedores y quienes apuntan a la turistificación y la precarización laboral como las causas de fondo. Ante este panorama, la exigencia de soluciones urgentes y contundentes por parte de las instituciones se ha convertido en un clamor popular.
